La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, recibió este martes a familiares de víctimas de delitos horas antes de que comenzara el tratamiento formal del proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil porteño al nuevo marco legal establecido a nivel nacional. La jornada combinó escucha directa con afectados por la inseguridad y un primer paso institucional hacia una reforma que definirá cómo la Ciudad aplicará las reglas penales vigentes para adolescentes de entre 14 y 18 años.
El proyecto, impulsado por Ramírez, busca alinear la normativa porteña con el Régimen Penal Juvenil nacional sancionado por el Gobierno nacional, que fijó la responsabilidad penal a partir de los 14 años. La iniciativa establece reglas procesales específicas para ese rango etario, contempla medidas alternativas a la privación de libertad, incorpora mecanismos de seguimiento y amplía los derechos de las víctimas dentro del proceso judicial. La adecuación resulta necesaria para que la ley federal pueda aplicarse de manera efectiva en el ámbito de la Ciudad.
La urgencia del debate quedó subrayada por el antecedente concreto de la jueza que declaró inconstitucional la ley nacional y sobreseyó a un joven de 14 años acusado de un delito. Ese episodio puso de manifiesto la tensión entre el marco normativo federal y su implementación en la jurisdicción porteña, y otorgó al proyecto un carácter que trasciende lo meramente técnico para convertirse en una disputa sobre la capacidad del sistema judicial de dar respuestas a quienes sufrieron un crimen.
"El Gobierno nacional estableció la responsabilidad penal desde los 14 años y ahora la Ciudad tiene que adecuar su legislación para que ese régimen pueda aplicarse. No podemos volver a tener situaciones como la de una jueza que declaró inconstitucional la ley nacional y sobreseyó a un delincuente de 14 años. Las víctimas necesitan respuestas y quien comete un delito tiene que responder ante la Justicia", sostuvo Ramírez durante el encuentro.
Del lado de las organizaciones, participó María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Nación (ODV), junto a familiares de víctimas de distintos hechos de inseguridad. Durante la reunión, la legisladora escuchó sus experiencias y recorrió con ellos las dificultades que atravesaron a lo largo de los procesos judiciales: el acceso a la información, los plazos de la Justicia, el acompañamiento por parte del Estado y las herramientas necesarias para garantizar la participación y los derechos de quienes padecieron un delito.
Concluido ese encuentro, se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña la reunión informativa conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, en la que legisladores y funcionarios abordaron en detalle el proyecto de adecuación. Esa instancia marcó el inicio formal del tratamiento parlamentario de una reforma que, de aprobarse, modificará las reglas bajo las cuales la Ciudad juzga a sus adolescentes en conflicto con la ley.
